Este trabajo inició con un planteamiento netamente técnico sobre el problema de la deforestación y sus factores asociados, y se desarrolló y concluyó con reflexiones desde un enfoque territorial, alrededor de la relación de dichos factores con el conflicto armado y la construcción de paz. Habiendo tenido la oportunidad de participar en las asambleas para la construcción de los PDET1 en la fase municipal en la población de Ituango, pude observar la gran esperanza que guardan las comunidades rurales por la mejora de sus condiciones y su preocupación por su territorio en todos los aspectos. Sin embargo, fueron también evidentes su recelo ante el abandono constante y las promesas sin cumplir del Estado, y su impotencia por no poder proteger su riqueza natural como les gustaría; porque experimentan la falta de apoyo, de educación y de garantías en sus derechos más básicos. Por ello considero que, aunque en el país se cuenta con una gran capacidad técnica para la generación de conocimiento sobre el fenómeno de la deforestación y las soluciones para este y otros desafíos como la mitigación del cambio climático, los esfuerzos son insuficientes y lo seguirán siendo en la medida que siga existiendo esa brecha entre las zonas rurales y las ciudades, y dichas comunidades y sus territorios deban seguir sobreviviendo en medio del conflicto armado, las economías ilegales y el abandono del Estado. Es por lo anterior que creo que, aunque no existiera un capítulo ambiental en la elaboración del Acuerdo firmado con las FARC, todo lo que se propuso e intenta alrededor de éste, como los PDET, sigue siendo una herramienta muy valiosa para impulsar la transformación de los territorios en la dimensión ambiental, ya que puede influir directa y positivamente en la vida y actuar de las personas de las comunidades afectadas por el conflicto armado y, por ende, en su relación con el ambiente. Dotar el Acuerdo y los programas a su alrededor con todos los recursos necesarios para un desarrollo sostenible de los territorios, parte del poder brindar a las comunidades rurales que los habitan oportunidades de desarrollo económico y social, así como de educarlas y empoderarlas alrededor del valor de los bosques, haciéndolas partícipes de su conservación y uso responsable. Con esto es más factible cerrar las puertas a las economías ilegales que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas comunidades para interferir en las dinámicas territoriales y fracturar la armonía de las sociedades mismas, y la de éstas con el medio ambiente que las rodea. Para esto, la política pública no puede estar aislada de estas realidades y la planificación territorial debe ser sostenible en el tiempo, garantizando la continuidad de los programas que requieran periodos más largos de ejecución. De los muchos aprendizajes, tengo la certeza de que construir paz en el país va de la mano del desarrollo sostenible de nuestro territorio y, por eso, los fracasos en uno inevitablemente se verán reflejados en las dificultades del otro. Pienso que el contexto colombiano es, por tanto, un buen ejemplo de la consigna de la ONU de que “No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”. En este libro, se ha propiciado la participación de destacados docentes especializados en extensionismo rural e ingeniería forestal, quienes contribuyen con un capítulo dedicado a los estilos de enseñanza en educación forestal en México, donde se incluye una reflexión para Colombia. Con esta colaboración se reconoce que las instituciones universitarias desempeñan un papel fundamental en la formación de individuos comprometidos con la preservación de los ecosistemas y bosques, consolidando así su contribución al desarrollo sostenible en América Latina.